Cristian Leyton Salas

Si observamos el mapa sudamericano, específicamente las islas adyacentes a las costas de del Cono sur sudamericano, tanto en su espacio pacífico como atlántico constataremos que las únicas islas que no pertenecen a un país ribereño continental son Las Malvinas/Falklands. Este archipiélago isleño está separado de Argentina por tan solo 464 kms, del Reino Unido: 12. 276 kms. No obstante lo anterior, esta actitud “colonialista” no es únicamente inglesa, ni es la excepción a la regla en el espacio americano. Las islas Saint Pierre et Miquelon, francesas de origen, por ejemplo, están a tan solo 25 kms de las costas de Canadá. En El Caribe, las islas de nacionalidad francesas, inglesas y holandesas abundan y constituyen espacios soberanos consolidados. No es la presencia de territorios de ultramar  lo que genera aprensiones o percepciones de inseguridad, sino que el valor geopolítico y geoestratégico que determinadas clases políticas les asignan. 

Un aspecto central, desde el punto de vista histórico, es que las islas son absorbidas soberanamente por el Reino Unido en 1833, en momentos en que Argentina aún no existía como entidad estatal moderna –tan solo en 1861 nace la “Argentina” como Estado unitario. Los ingleses ejercen un poder soberano de facto por 180 años sobre el archipiélago, no obstante que dichos territorios de ultramar están incluidos en el Comité Especial de Descolonización y son identificados como territorios no autónomos. En otras palabras, son considerados, por la ONU como una colonia subyugada al poder de la metrópolis inglesa. Bajo la lógica anterior, es deber de este Comité aplicar sobre Las Malvinas/Falklands la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, lo que implica en el acápite numero dos de la Declaración que los pueblos “tienen el derecho a la autodeterminación”. Lo precedente, si se aplica a la problemática isleña, implica que la visión británica se impone por sobre la trasandina en el sentido que las negociaciones, exigidas por el gobierno trasandino, deber versar sobre las modalidades de un referéndum de la población del archipiélago a fin que determinen ellos mismos la soberanía que deciden adoptar, y no negociar, como lo señalan los argentinos, de manera directa entre Buenos Aires y Londres el traspaso de la soberanía, incluyendo a toda la población de las Falklands.  

Hoy, la acusación de una “militarización” del Atlántico Sur por el Reino Unido responde a una reacción defensiva bélica perfectamente normal de un Estado, cuyo territorio soberano, en algún momento fue objeto de una invasión militar, sin que ello haya implicado una declaración de guerra previa. Por medio de una acción de sorpresa, se tomó el control de territorios considerados en disputa. Londres, al reforzar la seguridad disuasiva de las islas, busca prevenir acciones que pudieren regenerar un conflicto dormido.  

El valor geopolítico y geoestratégico de las islas, lejos de haberse debilitado por el fin de la Guerra fría, en el marco del control de los pasos oceánicos entre el Océano Pacifico y el Atlántico, se ha visto acrecentado como resultado de la revalorización de los recursos naturales “estratégicos” adyacentes a las islas y por la proyección geopolítica que otorga al Reino Unido hacia el continente Antártico.  La presunta “militarización” se inscribe al interior de la misma lógica que han avanzado países como Brasil y la misma Argentina en cuanto a buscar “militarizar la defensa de  los recursos naturales” regionales. El Reino Unido, como potencia mundial extra regional, asume para sí misma esa misma lógica, reforzando su presencia militar a fin de proteger sus “propios” recursos naturales.  

Se confirma que el posicionamiento geopolítico de Chile, como una plataforma  territorial, económica y ahora política, es vital para Las Malvinas/Falklands.

Es vital para Argentina, por cuanto no puede aislar la Isla sino es a través de Chile, y vital para el Reino Unido por cuanto el pulmón de aprovisionamiento se encuentra en la zona austral chilena. La próxima visita de la mandataria trasandina a nuestra capital se inscribe en está lógica. De la misa forma, la posible visita del canciller británico William Huge a Santiago. Una carrera política sin precedentes por obtener los favores de La Moneda. Un desafío mayor para la diplomacia chilena. 

Claramente, Buenos Aires, reservó para el ultimo momento la tarea de ejercer una presión política directa sobre La Moneda, antes había que generar un entorno regional de apoyo público hacia la pretensión trasandina, cuyo objetivo no solo es acosar a Londres, sino que ahora apreciamos que también lo era en función de Chile. Una jugada magistral. 

Desde un punto de vista “táctico”, los intereses de Chile están en apoyar, secundar y promover las pretensiones trasandinas. El escenario vecinal nortino dicta mantener y reforzar las relaciones de conciliación con el vecino oriental, cristalizar los “nuevos” vínculos entre las FF.AA de ambos países y dar un paso más allá, impulsar una coordinación de posturas de seguridad y defensa. No obstante estás “nuevas” relaciones de conciliación chileno-argentinas, llama la atención la debilidad de relaciones políticas a nivel de gobiernos. Las distancias ideológicas entre ambos estamentos  no explican per se la falta de asociación política en función de temáticas de relevancia sub regional. Da la impresión que la conciliación es meramente “instrumental” tanto para Argentina como Chile. 

Desde el punto de vista “estratégico”, los intereses de Chile están en mantener relaciones estratégicas con el Reino Unido, en particular, mientras no se materialice, desde el otro lado de la cordillera, una postura política de Estado y gubernamental que garantice que la conciliación de intereses trasandinos hacia Chile responden a una política permanente y no meramente a una ventana de oportunidad producto de una debilidad económica, política y militar. Son intereses  “estratégicos” mientras el Reino Unido constituya un poder extraregional con la capacidad de proyectar potencia hacia el extremo austral trasandino, debilitando el potencial político y militar argentino. 

La futura posible y probable escasez de recursos hídricos mundiales hacen de las Islas Falklands una plataforma de relevancia vital para la proyección de un poder geopolítico mundial. Las islas no deben ser vistas desde una óptica “asilada” sino que constituyen un conjunto de proyección geopolítica al estar asociadas a las reclamaciones recientes sobre ciertos límites de la plataforma continental antártica. 

El peso geopolítico del “factor antártico”, en las relaciones trilaterales en cuestión, solo se puede apreciar y valorar en función y directa relación con la naturaleza, alcance y estructura final de las relaciones de conciliación entre Buenos Aires y Santiago. En otras palabras, Argentina debe garantizar, dentro de los límites de la naturaleza misma del sistema internacional, que más allá de sus pretensiones territoriales en el océano atlántico austral, nunca más su clase política enarbolará un nacionalismo negativo en contra de Chile que ponga en tela de juicio el interés soberano chileno en el extremo austral ni tampoco asociar a Chile a intereses de proyección hegemónica.  

Mientras no ocurra lo anterior, Chile debe apegarse al respeto de los tratados internacionales que rigen los vínculos entre la isla y su propio territorio, no interferir en las relaciones de entidades privadas y Estados extranjeros, y sobre todo, velar por sus intereses estratégicos.

Hoy el señor vocero del gobierno de Sebastian Piñera, el Sr.Andrés Chadwick, ha dado una señal clara en cuanto a avanzar cual será la postura chilena ante el conflicto entre Buenos Aires y Londres, éste habló de una "pretensión" argentina y no de un "derecho". Claro y conciso. 

Mientras más profunda sea la crisis política en Siria, mayores son las posibilidades que Israel decida iniciar da solo una acción bélica preventiva en contra del régimen de los Ayatollás iraníes.  

Siria constituye una plataforma central del régimen iraní con su política de crear, alrededor de Israel, focos de inestabilidad políticos y paramilitares. Hezbollá es dependiente, ideológicamente de Irán, pero materialmente de Siria. Sin el apoyo permanente del régimen del dictador  Assad, Hezbollá lo pensará dos veces antes de abrir un segundo frente en el escenario de un conflicto directo entre Tel Aviv-Teherán. Hamas, por su lado,  parece haber iniciado el camino a una mayor institucionalización política, moderando su discurso y recibiendo de Tel Aviv la invitación a entrar a la mesa de negociación. Con estos dos actores neutralizados, Irán no poseería una "frontera militar" colindante con Israel.

Si bien es cierto, de estallar una guerra entre Irán e Israel –y los EE.UU, secundado por sus aliados-, será devastadora, con complejos e impredecibles efectos económicos, energéticos, políticos y militares, sobre Europa –la que consume el 20% del petróleo exportado por Irán-, así como en el resto del planeta, esa misma complejidad presionará a Washington a dejar ciego, sordo y mudo, lo antes posible, al régimen de Teherán una vez iniciada la conflagración.  

Hemos de esperar el desarrollo de acciones militares quirúrgicas, pero masivas.  La sorpresa les permitirá, nuevamente, al igual que el escenario iraquí, establecer el día de inicio de la guerra, dictar su curso, pero de difícilmente imponer el termino de las hostilidades. Todo parece indicar que Israel apuesta a una caída del régimen iraní, el que no solo se verá asediado militar sino que también económicamente.

Washington y Tel Aviv apostarían por inocular la infección de una Primavera Persa en las calles de Irán. Esta estrategía sería la única que permitiría el fin del conflicto y no una mera tregua que eternice la fuente de las posibles hostilidades futuras: un régimen no democrático, militarista, ideológica y religiosamente expansionista, antioccidental y antisemita. Un régimen de esta naturaleza solo puede ser doblegado por su propio pueblo.

Desde el fin del orden sudamericano que se redibujó luego del termino de la Guerra del Pacífico, pero que más tarde se cristalizó en otro, dictado y moldeado, esta vez,  en Moscú y Washington,  y que, finalmente, se transformó en un orden marcado por la difusión de la potencia y la fragmentación de las amenazas a comienzos de los 90 del siglo recién pasado, hoy Chile se enfrenta a una nueva distribución del poder en su propio espacio geopolítico. Un nuevo “orden geopolítico” ha tomado forma y se cristaliza. 

Observamos el surgimiento de dos entidades geopolíticas distintas en su interacción con Chile. La primera de ellas es un espacio de plena cooperación, coordinación y complementarizacion política, social, económica y militar. Es lo que podemos denominar el “Arco de Integración” conformado por Ecuador y Colombia al norte, Brasil al noreste y Paraguay, Uruguay y Argentina al Este. Chile mantiene no solo excelentes relaciones con todos y cada uno de ellos, sino que existen canales de comunicación diplomáticos, políticos y militares expeditos y transparentes en donde la cooperación en temas de seguridad y defensa responde a amenazas claramente comunes. Con este “Arco”, no existen hipótesis de crisis vigentes que pudieren transformarse, en el corto y mediano plazo, en “hipótesis de conflicto”. Un caso particularmente relevante es el núcleo Ecuador-Colombia, países con los que Chile posee una unificidad de intereses estratégicos y que deberían incrementarse. Este “Arco de Integración” debería constituirse en  la prioridad para la tanto para la Cancillería chilena como para la diplomacia militar. La necesidad de impulsar, desde Santiago, propositivamente  proyectos de cooperación bilaterales con países del Arco debería ser una prioridad, aislando, de esta manera, lo que denominaremos a la otra “entidad geopolítica” con la cual Chile debe lidiar, el “Polo de conflicto andino”. 

El “polo conflictivo” compuesto por Perú y Bolivia debe ser comprendido como una “entidad”  que posee una  naturaleza geopolítica propia, única, que será permanente en el tiempo y con la cual deberemos lidiar por años a venir: el conflicto permanente con Chile es un asunto de Estado, una política de Estado en estos dos países andinos. A diferencia de Argentina, país con el cual manteníamos problemáticas de seguridad y percepciones de amenaza negativas y divergentes, la naturaleza de la falta de confianza mutua radicaba en las relaciones especiales que Chile mantenía con Brasil (potencia antagonica a la trasandina) y las intenciones hegemónicas de Buenos Aires, hoy, ambas posturas han cambiado de manera estructural. Con Perú, Chile no solo mantiene hipótesis de conflicto potenciales, sino que no poseemos con Lima amenazas comunes. Las pretensiones territoriales peruanas no son más que el reflejo de un problema mayor con dicha capital, la existencia de un trauma psicopolitico de parte de su clase dirigente y de parte importante de su población, sin dejar de lado la alimentación política que esta misma clase hace de la “imagen Chile”. Un nacionalismo negativo asociado a un trauma irresuelto de pérdidas territoriales y de una competencia geopolítica por dominación del Pacífico Sur. El Perú, forma parte de este “Polo geopolítico de conflicto”  por cuanto las únicas medidas de confianza mutua vigentes son las que otorgan las señales emitidas por posturas y capacidades disuasivas. Ambas FF.AA se temen mutuamente.  Bolivia, también forma parte de este “Polo” por cuanto, al igual que su vecino peruano, están sometidos a un trauma psicopolitico que les impide ahondar en posturas de cooperación transparente y de integración de principios políticos generales con Chile.  

Bolivia, al igual que Perú, mantienen una postura revisionista  y revanchista de un conflicto terminado hace mas de cien años, pero cuyos réditos políticos se hacen sentir hasta hoy día mismo. Ambos actores conforman un polo o núcleo geopolítico de conflicto que debe ser administrado de manera diferente -y que de hecho lo es. 

Cada vez son más las voces que alertan de un posible bloqueo aéreo de la islas Falklands/Malvinas.  Un  bloqueo dirigido a privar a las islas de recursos vitales para los kelpers, los turistas y sobre todo, la población chilena que vive en dicho territorio británico, pero disputado por el Estado trasandino. Un bloqueo que podría ser percibido, en el Reino Unido, como un acto hostil, casi un casus belli, en el marco de la exacerbación de los animos políticos y diplomáticos entre Buenos Aires y Londres. 

Chile tiene intereses estratégicos en dicho espacio marítimo, no solo por la presencia de nacionales, sino que también porque un actor central en el proceso de aprovisionamiento permanente de las Falklands es materializada por los aviones LAN, firma chilena, que perteneció al Mandatario Sebastián Piñera y que hoy está administrada por quien fuera uno de sus más cercanos colaboradores, Enrique Cueto.  

Las Islas son  “estratégicas” por cuanto constituyen una moneda de cambio y una presión indirecta desde La Moneda hacia la Casa Rosada en el marco del reforzamiento, sin precedentes,  de las medidas de confianza mutua chileno-argentinas, vitales para Chile frente a un escenario vecinal nortino complejo, en especial durante los años a venir. Chile necesita, imperativamente, cristalizar relaciones estructurales y orgánicas de confianza político-militar con el vecino oriental, para ello, es esencial profundizar las confianzas políticas.  

La administración Kirchner ha logrado grandes réditos diplomáticos gracias a una postura mesurada, militante, pero mesurada. La última ganancia política proviene de la postural de la Casa Blanca, hecha pública estas últimas horas, en cuanto a que reconoce el dominio de facto británico de las islas, pero deja entrever un vacío y ciertas dudas en cuanto a la soberanía final de las mismas. Los Estados Unidos reconocen que existe un diferendo de fondo entre ambos países en torno a Las Malvinas, el problema, también de fondo, es que mientras los ingleses adscriben a una solución negociada en base a un referéndum autodeterminante, los argentinos descartan toda injerencia de la población civil de la isla en la solución del problema de soberanía. Para Argentina se trata solo de una transferencia de soberanía y territorios, para los ingleses mantener su presencia en función de legitimar soberanamente el statu quo. 

Un bloqueo aéreo de las Falklands estaría dirigido, directamente, a estos territorios insulares, pero indirectamente a Chile. La interrupción del tráfico aéreo, humano y de pertrechos para la población civil, pondría a Chile, según la visión trasandina,  ante la disyuntiva de tener que elegir entre su aliado histórico británico y su aliado estratégico regional trasandino. Un aspecto central ante dicha postura es que el actor LAN es una entidad privada, sobre la cual, el Estado chileno no tiene ninguna capacidad de acción coercitiva, siempre y cuando mantenga sus actividades dentro de la ley nacional.  

 Un acto de esta naturaleza podría desvirtuar el mesurado esfuerzo diplomático trasandino, ensuciando la imagen internacional argentina, reditando la idea de un régimen trasandino que se apresta a caer, nuevamente, encima de las islas, por la fuerza y la sorpresa. Se podría percibir, incluso, como una reedición de la actitud del extinto régimen militar argentino. 

Se ha especulado que la estrategia argentina, en torno a las Islas Falklands o Malvinas, reposa en base y función de tres objetivos: El primero de ellos sería aislar políticamente las islas del continente generando  una “solidaridad hemisférica anticolonislista”; el segundo objetivo sería asfixiar económicamente las islas en cuestión; el tercer y último objetivo estratégico: aislar al Reino Unido de la Unión Europea, en torno al tema específico de las "islas".

El fin último de dichas estrategias es obligar al Reino Unido a “negociar directamente” con la Casa Rosada la soberanía de dichos territorios insulares, la negociación implicaría solo una cosa: establecer los mecanismos para una transferencia directa de la soberanía inglesa a la argentina. El Estado trasandino no privilegia el principio avanzado por Londres en cuanto a que son los habitantes de las Falklands (aproximadamente 3 mil kelpers) los que deben hacer valer el principio de autodeterminación. Claramente, en Buenos Aires están conscientes que ante un referéndum vinculante sobre el estatus final de Las Malvinas que implique elegir entre la soberanía argentina y la inglesa, los habitantes de la isla ratificaran su carácter de sujetos británicos. 

La mandataria está enviando, desde hace ya algunos meses, fuertes señales de conciliación hacia sus FF.AA, por años sometidas a “pagar el precio” de su alejamiento del causal democrático. Hoy, Cristina Fernandez está reinvirtiendo en el desarrollo de tecnologías militares-duales como son el desarrollo de tecnologías balísticas (programa de vectores espaciales), de tecnología nuclear militar (submarino nuclear) así como en el impulso de la industria militar aeronáutica. Todos ellos, programas “estrellas” en su momento, que una vez fueron desmantelados o congelados, pero que la mandataria a decidido reflotar. 

Si bien es cierto la diplomacia trasandina ha logrado aciertos, como es aislar las islas –y el Reino Unido-, de la parte hispanoparlante del hemisferio En este mismo sentido, prosigue trabajando en lograr el estrangulamiento económico de dichos territorios, siendo Chile, Brasil y Uruguay piezas claves en dicho proceso. Hoy, sin embargo, la mandataria ha recibido una mala noticia desde Europa: Catherine Ashton, la jefa de la Diplomacia de la U.E ha sido clara en señalar que el tema de las “islas” es uno de naturaleza bilateral y que las “islas”, siendo reconocidas como británicas,  siguen estando bajo la protección del manto de la Unión Europea.  

Mientras tanto, diversas voces alarmistas se han hecho sentir en Londres, muchas de ellas llamando a reforzar la disuasión ante una Cristina Fernández considerada como “impredecible”. 

Intenso el debate sobre Chile, Argentina y Las Malvinas. Por un lado, el ex canciller Juan Gabriel Valdés plantea la necesidad que se difunda entre los chilenos "como una causa propia" el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, que disputa a Gran Bretaña. Dicha postura nos insta a que Chile apoye en términos militantes, decididos y públicos la llamada “causa argentina”, dándole la espalda a Inglaterra, un aliado extraregional histórico chileno. Por otro lado, observamos al embajador del Reino Unido, Jon Benjamin, no solo hacer una defensa cerrada del posicionamiento inglés sobre el sujeto, sino que además avanza de manera indirecta la solución final al problema: una consulta ciudadana vinculante a los habitantes de la isla (kelpers). Son ellos los que debería indicar si desean seguir estando bajo soberanía inglesa, una desvinculación total hacia la madre patria o asociarse a Argentina. 

A diferencia de ambas posturas, considero que Chile debe optar por una intermedia. Ni apoyar la causa trasandina, pero tampoco rechazarla. Chile no debe estar no con ni contra Argentina. Los intereses permanentes de Chile le dictan usufructuar diplomáticamente de ambas posturas antagónicas.  

Chile necesita cristalizar la emergente “amistad” trasandina en los ámbitos políticos, político-estratégicos y militares. Sabemos, y ellos también, que el posicionamiento geoestratégico chileno es delicado, más aún hoy cuando observamos que las fuentes de riesgo y amenazas están detenidas en el norte y que los años a venir podrían traernos escenarios de la mayor complejidad desde dicha zona. Chile necesita “pacificar” su frente oriental, pero hacerlo de manera permanente. La diplomacia chilena debe hacer entender a la Casa Rosada que es de su interés permanente y estructural cristalizar relaciones de paz, armonía y de intercambio de “favores” mutuos. Incluso deberíamos preguntarnos si, a final de cuentas, la solución final del “problema anglo-argentino” es o no del interés de Chile.  

El Reino Unido ha constituido, a lo largo del tiempo, un aliado extraregional de gran relevancia para Chile. Lo fue, no lo olvidemos, cuando la Dictadura trasandina vio en Chile una válvula de ajuste para su ilegitimidad interna. Si no hubieren sido los británicos, hoy el escenario chileno-argentino sería similar al que tenemos con Perú en el norte. Chile, necesita de “aliados extraregionales”, no en cuanto al mantenimiento de relaciones “carnales”, como aquellas que busco la Administración de Raúl Menem, con los estados Unidos de Clinton, sino que relaciones basadas en un respeto mutuo, en un intercambio privilegiado de naturaleza económica, pero sobre todo en un apoyo político y diplomático ante un escenario regional y vecinal de suyo complejo. 

Chile debe adoptar una “política de ambigüedad” en torno al tema de las Falklands o Malvinas. Un apoyo irrestricto, cierto, a las demandas trasandinas, en específico desde un punto de vista de la retórica, pero dejando en plena libertad de acción a las entidades privadas que permiten a dicha entidad isleña mantenerse respirando. Dicho apoyo es vital a fin de no aislar al país del entorno regional, pero no debemos caer en la retorica populista de corte internacionalista en cuanto a hacer nuestra una causa que nos es lejana, pero que sobre todo, pone en juego la seguridad diplomática del país. 

La “política de ambigüedad” debe ser capaz de indicar, a los argentinos, que si bien Chile solidariza con sus demandas, dicha postura no implica que desarrollaremos una hostilidad política con el Reino Unido. La ambigüedad implica que Chile entiende el posicionamiento trasandino, pero que no lo hace suyo. Chile no está por “multilateralizar” la pretensión argentina, sino que mantenerla dentro de los canales bilaterales anglo-argentinos. Chile debe adoptar la misma postura que exige de sus pares en el marco de las pretensiones bolivianas y peruanas. Ni más ni menos. 

Hace tan solo unos días, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el jurista peruano, Diego García Sayán, emitió una serie de declaraciones no solo poco afortunadas, sino que involucran a este organismo, dependiente de la OEA, en un tema que escapa claramente a su esfera de competencia. Dichas declaraciones si bien no generaron una reacción en la clase politica chilena, no dejan de constituir una flagrante intervención de un organismo que pertenece a todos los latinoamericanos y que por lo tanto, no debería inmiscuirse en temáticas de politica internacional ni de seguridad interestatal.

Sayán, no solo señaló que La Haya buscará “regularizar una indefinición que existe sobre la frontera marítima entre los dos países y establecer una proyección equitativa del dominio marítimo peruano”, sino que además señaló, entre otras ideas, que en el caso que Chile no aceptase una resolución negativa el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) podría “bloquear económicamente a Chile y aprobar el uso de la fuerza militar para lograr que cumpla el fallo”.Sorprendentes.

Las declaraciones de este personero, dependiente de un organismo panamericano de justicia, se inserta en la recientemente inaugurada retórica política y comunicacional del mandatario peruano, Ollanta Humala, al poner en la palestra pública  el tema de La Haya, justo en momentos en que su popularidad conoce una abrupta baja en los sondeos de opinión.Una actitud ya conocida y altamente rentable a fines de politica interna.

No hemos sido testigos de declaraciones del mismo tono y alcance, desde la OEA, ni de su Secretario General, el chileno José Miguel Insulza. Tampoco de otros personeros de nacionalidad chilena en cargos internacionales.
Situaciones como la anterior debe llamarnos a meditar sobre otros hechos que acontecen en nuestro espacio regional, pero sobre todo a pensar en los medios para reforzar la capacidad de persuasión política de nuestra diplomacia en el ámbito internacional, en especial y particular, en momentos en que dos de nuestros vecinos nortinos materializan la revisión de fronteras de manera unilateral.

Otra temática de relevancia dice relación con la tendencia regional en cuanto a crear nuevos organismos de representación sudamericana, así como de manera simultánea, debilitar otros. Un nuevo “panamericanismo” quiere asentarse en nuestra región.

Debemos meditar en torno a si es beneficioso para Chile apostar todo el potencial político en estas nuevas estructuras de coordinación y concertación politica, aislando a actores extraregionales que hoy son vitales a fin de mantener  márgenes de maniobra para Chile, en un escenario que solo tiende a ser más complejo, menos seguro y más volátil.

El MERCOSUR, compuesto por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, han decidido, al instar del mandatario uruguayo José Mujica, y estimulado por la Casa Rosada, imponer un bloqueo comercial a barcos mercantes con bandera de las Islas Falklands o Malvinas, hoy bajo soberanía del Reino Unido. Un bloqueo  que tiene características de un  “bloqueo continental”, al instar del que ejerció la Francia napoleónica contra el mismo Reino Unido a comienzos del siglo XIX.  

En este caso, si bien no se trata de un embargo comercial, marcado por una prohibición emanada de un poder hegemónico –como el Francés en su momento- y apoyado por el uso de una fuerza militar continental permanente, el fin último es el mismo: entorpecer –y si es posible, estrangular- comercialmente a la Isla.  También constituye una señal poderosa de apoyo multilateral a la causa trasandina, además de  representar un espíritu de unidad del bloque frente a un actor extraregional de corte, según la visión platense, neocolonialista. 

Desde la Foreign Office de Londres, se ha catalogado la acción como una de naturaleza “hostil”, además de señalar que se enmarca en una “escalada” en las tensiones con la capital argentina.  La lectura inglesa de la postura de determinados países sudamericanos está asociada a la apertura de una “ventana de oportunidad” trasandina en contra del gobierno británico: la crisis financiera europea le hace menos propenso a apoyar al Reino Unido frente a una problemática de menor importancia, como es la presencia inglesa en una isla perdida en el Atlántico, sobre todo en momentos en que el Primer Ministro, David Cameron, ha adoptado una postura aislacionista.  

La mandataria, Cristian Fernández, ha logrado con relativo éxito transformar “su” causa en una de tipo regional. Ha logrado multilateralizar una problemática bilateral en otra que arrastre a toda Sudamérica, incluyendo a Chile. La idea de la búsqueda de un “espíritu e identidad común de Seguridad y Defensa” sudamericana está presente en la retórica de la mandataria trasandina al evocar que las Malvinas no son un problema bilateral sino que global, como resultado de la existencia de una potencia colonial que explota recursos naturales “sudamericanos”. 

Para la tranquilidad, actual, de Chile, el bloqueo “marítimo” del MERCOSUR se da en un espacio geopolítico atlántico, negando puertos a barcos de bandera de los kelpers de las islas inglesas. Aún no se proyecta a otros aspectos y ámbitos de intercambio comercial, económico o políticos, en los cuales Chile posee intereses relevantes. No obstante lo anterior, la decisión y acción de sus socios políticos del Cono Sur, instala a La Moneda ante un difícil y complejo escenario: tener que elegir entre solidarizar con Argentina o con un aliado natural e histórico como es el Reino Unido. O en su defecto, mantener un incomodo silencio.

La actitud emprendida por los socios del MERCOSUR –a los cuales debemos incluir Venezuela, Ecuador y posiblemente Perú-, es altamente preocupante para Chile. Demuestra, una vez más, la necesidad de mantener una política exterior y regional de dos sentidos, no obstante las presiones por elegir tan solo uno: asociada, bilateralmente, a entidades regionales, sin que ello implique coligar a aquellas unidades políticas de manera vinculante. Las tendencias a la ideologización, el populismo  y la instrumentalización de conflictos históricos no es solo resorte de Estados vecinales con bajos índices de gobernabilidad, sino que también de organismos de la zona sudamericana.  

Hoy, la disuasión chilena es más solida que nunca. El satélite Fasat-Charlie de Observación Terrestre entrega a los círculos decisorios del Ministerio de la Defensa y de La Moneda una capacidad de observación, monitoreo y planificación estratégica del entorno vecinal como nunca antes.  

La “frontera de seguridad” chilena, en cuanto a su capacidad de escrutar y conocer espacios físicos político-estratégicos, dejó de coincidir con los límites políticos internacionales. Un paso enorme ha sido dado en función del poder de disuasión al impedir que, bajo escenarios de crisis mayores, un fenómeno de sorpresa estratégica  se materialice. La capacidad de observar  despliegues y capacidades  del “otro” , refuerza, sin lugar a dudas, la postura de disuasión  al garantizarles que se posee la facultad de verificar políticas declaratorias, intenciones y medios. 

El satélite de Observación Terrestre refuerza la capacidad de disuasión al señalar, a la entidad política estatal objetivo, que poseemos la facultad de identificar sus fortalezas y debilidades operacionales. La búsqueda de la  “inacción”, que la disuasión presupone, cristaliza la credibilidad de la amenaza: el satélite refuerza y materializa esta “inacción” al estar asociada a capacidades de penetración estratégica por parte de Chile.  

Chile, hoy, al no poseer reclamos soberanos, ni intenciones de expansión territorial, tampoco una política de corte hegemónica, solo de proyección de poder disuasivo, no debería generar percepciones de amenaza  como resultado de esta nueva capacidad de observación terrestre. 

Hoy, Chile, se ha dotado de un “sistema de disuasión”, propio a los países de la OTAN o de las Grandes Potencias. Solo falta reforzar la “disuasión diplomática”, la que es capaz de generar “persuasión” frente a posturas revisionistas del orden establecido y de los fronteras vecinales. 

El satélite constituye, para las capacidades de defensa chilenas, toda una revolución en los asuntos militares: ahorro de fuerzas, concentración y despliegue de medios en función de las verdaderas fuentes del riesgo. 

Las opiniones emitidas por el Ministro de Defensa, Andrés Allamand, en el sentido que el próximo año se vislumbra un “escenario complejo” para Chile como resultado de los problemas de gobernabilidad internos tanto en Perú como en Bolivia, no son mas que la constatación de una tendencia instalada en las capitales de los países del norte. La tendencia asumida de las respectivas clases políticas vecinales en orden a utilizar a Chile como la “válvula de ajuste” de problemáticas internas, no hace sino que recordarnos la fragilidad de nuestras relaciones políticas con nuestros vecinos del norte. 

La convivencia de Chile con dichos países está asociada a un escenario de paz armada, en donde la desconfianza gobierna las percepciones de ambos lados de la frontera. Traumas psicopoliticos de naturaleza histórica alimentan y estimulan percepciones, ya sea de humillación y de derrota, pero también de aprensiones de revanchismo. Las clases políticas tienden a alimentarse de dichas visiones e imágenes negativas, permitiéndoles aminorar y ocultar deficiencias administrativas de sus respectivos gobiernos. Una Instrumentalización de Conflictos Históricos se instala y reproduce de manera permanente. 

Si bien el balance de las relaciones diplomáticas con Perú durante el 2011 fue positivo, en el sentido que el arribo del candidato nacionalista peruano, Ollanta Humala, permitía presagiar un escenario de mayor hostilización peruana hacia Chile y sus intereses, tal escenario no se verificó en el inmediato. No obstante ello, Ollanta debutó, tempranamente, desde su instalación en el Palacio Pizarro, un proceso de “militarización” de su círculo de asesores más cercanos.  Si bien su primer Gabinete de Gobierno fue técnico, sus círculos de confianza siempre correspondieron a un anillo de personeros altamente ideologizados en el nacionalismo y el irredentismo, muy cercanos al líder. La pregunta que nos hacíamos  en un principio de la administración Humalista era cuanto tiempo  la “Camisa de fuerza” brasileña duraría. Hoy apreciamos que comenzaron a desabotonarla, lenta pero progresivamente.   

Los sectores nacionalistas de base del Partido de Humala si bien toleraron el piloto automático de las administraciones de Toledo y García, perciben, luego del conflicto de Cajamarca, que el capital social que les llevó al Palacio Pizarro puede debutar una fase de desencanto sostenido. La postura proliberal del primer gabinete de Ollanta Humala choca claramente con la estatista y nacionalista propia de los sectores del círculo de confianza del mandatario. Más temprano que tarde, las contradicciones terminarían por imponerse y apreciar la verdadera cara del  gobierno de Humala.  Hoy dicho proceso parece estar debutando. El 2012, el escenario interno peruano podría conocer una mayor fragilidad interna, a mayor presión social, mayor será la tentación de alejarse de la política de los acuerdos y consensos con los sectores centrisitas –vemos que Toledo se alejó del Gobierno-, mayores serán las posibilidades de buscar inflamar el nacionalismo antichileno. 

En cuanto a Bolivia, la imagen de un narco-Estado boliviano comienza a cristalizarse en el escenario internacional. La problemática del auge del narcotráfico boliviano está desbordando el escenario interno para convertirse en un problema de seguridad regional y vecinal. Para Chile, este 2011, la nueva y compleja postura de tolerancia del Gobierno de Evo hacia la producción de hoja de coca, se materializó en una fuente de seguridad nacional real. Simultáneamente, se aprecia que en el Palacio Quemado se mantiene la idea de llevar a Chile ante La Haya. Siguen construyendo el “caso”, mientras buscan habilitar “puertos alternativos” para intentar presionar comercialmente a los puertos chilenos del norte. En el plano interno, la estabilidad del régimen si bien es relativamente sólida, la imagen del gobernante indigenista es cada vez más cuestionada por sectores decepcionados por su postura pro-cocaleros.  

En términos generales, y apreciando el escenario vecinal nortino, las declaraciones del Ministro chileno en cuanto a que las FF.AA chilenas deben estar preparadas para defender la integridad territorial, no obstante ser acertadas, no se condicen con la real falencia de la postura chilena. La fortaleza chilena radica, justamente, en la capacidad de disuasión militar, no así en  aquella que emana de la diplomacia chilena.  La capacidad de La Moneda para imponer la inacción de los vecinos es clara, sólida y con proyección en el tiempo, no así desde el Edificio Carrera. Se necesita generar una nueva postura política, una de “disuasión diplomática”: esta radica en ser capaces de anticipar escenarios a fin de ejercer presión, no sobre los Estados revisionistas de tratados internacionales, sino que sobre el entorno de países regionales.

Se impone una estrategia indirecta de corte diplomática, anticipativa y asociada a la disuasión tradicional, la militar.

De la misma forma, es casi natural y lógico que dicho Carteles mexicanos busquen tomar el control de otras plazas y no solo depender –tan solo- de los réditos ilícitos que obtienen del tránsito y acopio de la droga proveniente de Colombia y de Perú (solo un 4% del total de la cocaína peruana tiene como mercado los EE.UU) hacia las ciudades norteamericanas.

La  explicación a este cambio de estrategia “comercial” es claro: en un primer momento, la producción peruana y boliviana de cocaína tiene como mercado a toda Europa, no los EE.UU. Es así como mientras el consumo en el norte conoce una disminución, lenta pero progresiva, la europea conoce un incremento sostenido. Lógicamente, estos grupos criminalizados transnacionales buscarán tomar el control de la producción en su conjunto, hecho facilitado por la debilidad institucional de ambos países andinos.

Tampoco debemos olvidar que el “precio” de la cocaína boliviana es más barata que la colombiana y peruana: el control de la plaza boliviana permite a los Carteles mayores márgenes de ganancia. Se estima que el kilo de cocaína producida en Bolivia puede alcanzar los US$ 3.000, colocada en Europa los US$ 39.000.

Otra razón a este desembarco mexicano en Perú y Bolivia dice relación con lo que ya hemos catalogado como el “modelo exitoso” de los Carteles mexicanos y su tendencia a acaparar toda la cadena de distribución de la droga, incluyendo sus actividades periféricas: Tráfico humano, Trata de Blancas, lavado de dinero, tráfico de armas, etc...

Finalmente, el modelo mexicano busca controlar el conjunto de la actividad criminal del país, no tan solo el narcotráfico. Nuevamente, la debilidad institucional y la fragilidad social de los países andinos –Perú y Bolivia- explican la presencia de dichos actores mexicas en el espacio fronterizo chileno. 

Desde Bolivia, y más precisamente desde La Paz, se ha estado insistiendo, estas últimas semanas, en una nueva estrategia de posicionamiento público de la centenaria demanda marítima: Identificar “puertos alternativos” para el comercio boliviano a fin de potenciarlos como polos de comercio. En el sentido anterior, se ha identificando a  los puertos de Matarani en Perú, el Puerto Villeta en Paraguay, el  Puerto Rosario en Argentina y el Nueva Palmira en Uruguay como espacios alternativos.

El objetivo boliviano, impulsado por la Cámara Nacional de Industrias, y apoyado por el Palacio Quemado,  plantea, en un principio, dejar de depender del Puerto de Arica e impulsar una agresiva política de desarrollo de insfraestructura portuaria y de conectividad con puertos de países atlánticos (argentinos, paraguayos, peruanos y uruguayos).  La percepción paceña en cuanto a que el Estado chileno incumple el artículo 6 del Tratado de Paz y Amistad le impulsaría a diversificar sus puertos “mojados” y también desarrollar “puertos secos” alternativos.  Desde la visión boliviana, Chile incumpliría el espíritu y el fondo del articulado que señala que, “La Republica de Chile reconoce a favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de libre tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacifico”. Se señala, claramente, “libre tránsito”, no gratuito.

La adopción de esta nueva estrategia comunicacional estaría relacionada con la materialización práctica de la acusación que podría estar a la base de la demanda boliviana ante La Haya: Chile, al incumplir parte del Tratado de 1904, obligó a Bolivia a buscar habilitar puertos para que su comercio “respire”. Chile, según esta misma visión, no solo no cumpliría con garantizar una salida al mar soberana, pero tampoco una “útil”. La construcción del “caso” continúa, arrastrando consigo a entidades estatales regionales. 

En función de lo precedente, La Paz intenta, además, multilateralizar en forma indirecta su posible pretensión ante el Tribunal Internacional y presionar a Chile para que haga concesiones  en función de los hipotéticos costos que podría tener para la actividad comercial ariqueña y nortina el debilitamiento de su uso como puerto para Bolivia. 

Hoy, La Paz, y el gobierno de Evo Morales enfrenta una compleja situación interna. Diversos conflictos endógenos amenazan la paz interna y la estabilidad ya no solo del Gobierno, sino que del Estado. Conflictos territoriales y fronterizos entre Departamentos, entre campesinos de Yucumo (zona del TIPNIS) y cocaleros de Chapare, entre la ciudadanía de Chuquisaca y Tarija, entre La Paz y la Provincia de Palca, entre otros. La situación anterior tiene efectos claros, reales y directos sobre la manera cómo el régimen paceño maneja y conduce su relación con Chile. Esta vez se constata un trabajo político mediático menos hostil hacia Chile, pero que continua edificando, ladrillo a ladrillo, un caso para llevarlo ante La Haya. 

Una fuerte tendencia  regional se ha estado diseñando e implantando estos  últimos años y dice relación con la partición y uso de efectivos de las Fuerzas Armadas en tareas den seguridad publica, que esta sea de naturaleza “urbana” o de lucha en contra de actividades ilícitas del crimen transnacional. Para algunos, incluso, nos estaríamos enfrentando a una “militarización de la Seguridad Publica” en el espacio latinoamericano. A titulo de ejemplo, recientemente las Fuerzas Armadas de Ecuador anunciaron la creación de una brigada de 3 mil efectivos dedicados a combatir el “crimen urbano”.  

 Hoy, una fuente relevante de riesgo y amenaza para la paz social está íntimamente ligada a la profunda transformación de las actividades criminales, sus medios de acción, sus tácticas operativas, objetivos y la naturaleza misma de sus delitos. La frontera criminal de los carteles mexicanos, por ejemplo, ya se desplazó hacia Centro América, absorbiéndola completamente, y a todas luces parece continuar haciéndolo hasta Bolivia.  

Si bien es cierto, algunos órganos castrenses rechazan de plano dichas nuevas tareas, aduciendo que su objetivo primario y único es salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial del país, no es menos cierto que las FF.AA poseen características particulares, como son capacidades materiales y humanas especiales que podrían, bajo ciertas condiciones, venir a  apoyar actividades de seguridad publica privativas de las fuerzas de Orden y Seguridad interna. 

La “militarización de la seguridad publica” proviene de otro tipo de “militarización”, aquella de los grupos criminales transnacionales. En Centro América, la asociación entre las pandillas “Maras”, por ejemplo, y agrupaciones de narcotraficantes mexicanos, ya es un hecho. La neutralización de las mismas ha sobrepasado las capacidades limitadas de sus fuerzas policiales, desbordándolas, por lo que se esta orientando a sus FF.AA a replantearse sus fuentes de amenazas desde aquellas “estatales, regulares y formales” hacia otras de carácter “subnacionales, irregulares y amorfas”.  

Así como Ecuador plantea la creación de un cuerpo militar especial, de la misma manera diversos países centroamericanos están asignando nuevos roles a secciones de sus FF.AA. tal es el caso de Guatemala. El Presidente electo, Otto Pérez Molina, señaló que preparará tropas de elite, los “Kaibiles”, a fin de hacer frente a la lucha en contra de la criminalidad del narcotráfico, asociando a dicha lucha a la Brigada de Paracaidistas”. Todo parece indicar que, mediante este uso “selectivo” de fuerzas militares, se busca evitar arrastrar  a todo el aparato militar hacia tareas que no son propias de las fuerzas armadas.  Una tarea que, desde esta perspectiva, solo es de contención del flagelo, pero en ningún caso su solución definitiva. 

El narcotráfico no dice relación únicamente con la producción, transporte y venta de cocaína, sino que también, y sobre todo, de aquellas actividades ilícitas que emanan de la misma como es la trata de personas, el tráfico de armas cortas y de guerra, el tráfico de inmigrantes y el lavado de dinero. La solución es, a todas luces, multisectorial, pero sobre todo de la misma naturaleza de las actividades ilícitas, su solución debe ser “transnacional”.